Una política exterior para la Argentina en un mundo en transformación
por OCIPEX | 25 de Septiembre de 2026
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Quiénes somos
La Revolución de Mayo de 1810 es el hecho histórico que marca la emergencia de la política exterior de la Argentina. Con el antecedente de la resistencia y expulsión de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la Primera Junta ejecutó el hecho político fundamental que hizo de la soberanía una realidad inapelable frente a la Corona española. Como culminación de ese proceso, la Declaración de Independencia de julio de 1816 constituyó la afirmación jurídica de su condición soberana, frente a “toda otra dominación extranjera”.
Nuestra Nación contiene desde sus orígenes la proliferación de distintos sucesos como la presencia de comunidades originarias, la posterior colonización o la consolidación de las provincias como espacios políticos preexistentes al Estado nacional, por nombrar algunos.
Desde sus orígenes, Argentina encarna un espíritu liberacionista y emancipatorio. La Revolución de Mayo tuvo alcances continentales, trasladándose a otros territorios de la región. El estado de fuerzas dentro del cual Argentina comenzó a definirse incluyó, en el frente interno, la lucha entre los actores organizados en función del puerto de Buenos Aires y los liderazgos federales distribuidos por las provincias, y posteriormente la pregunta por cómo integrar la totalidad del territorio. A estas tensiones se le acumularon, en el frente externo, la fragmentación de la América Española y consigo las independencias de las provincias del Alto Perú, de la Intendencia del Paraguay y de la Capitanía General de Chile, la constitución del imperio de Brasil y la consolidación del imperialismo inglés y francés. Sumergida en esos juegos de poderío, es que hay que entender la soberanía argentina como un proceso en continua disputa, desde sus inicios, hasta la actualidad.
Las visiones americanistas y soberanistas, encarnadas en figuras como San Martín, Belgrano o Bolívar, estuvieron desde el inicio en tensión con proyectos dependientes y balcanizadores que terminaron imponiéndose y fragmentando política y territorialmente una unidad que, con todas sus contradicciones, había existido bajo el orden colonial. Esa tensión entre patria y colonia no es posterior a la independencia: está en el origen mismo de nuestra historia y reaparece, bajo distintas formas, a lo largo del tiempo.
A medida que se desarrollaban las discusiones acerca de la integración del territorio, la constitución del Estado, la definición de las fronteras o el lugar que iba a ocupar el país en la economía global, sucedieron hitos que marcarían la identidad de la política exterior argentina. La guerra con Brasil, que concluyó en 1828 con la creación del Estado Oriental del Uruguay, por un lado, o la resistencia en 1845 en la batalla de Vuelta de Obligado, por otro, fueron hitos constitutivos de la Argentina.
Estos acontecimientos fueron además expresiones del valor y la importancia de la Cuenca del Plata en su totalidad, en tanto uno de los espacios vitales de la soberanía nacional. Otro es la Antártida, territorio donde la Argentina ha ejercido una presencia efectiva ininterrumpidamente desde 1904, donde existe la mayor cantidad de estaciones científicas y logísticas de todo el mundo. La presencia en el continente blanco hace de la Argentina un país bicontinental, peninsular y bimarítimo.
Por esos años, en materia de derecho internacional y de hitos diplomáticos, Argentina comenzaba a sentar precedentes de su visión internacional. La Doctrina Calvo de 1868, que rechazó la intervención diplomática o militar de las potencias para proteger intereses privados; o la Doctrina Drago de 1902, que negó que el cobro de deudas pudiera justificar el uso de la fuerza contra otro Estado, consolidaron el principio de no intervención en asuntos internos de otros países en tanto principio histórico de la política exterior. Lo mismo con la solución pacífica de controversias, que la Argentina sostiene históricamente como principio de política exterior para garantizar la paz regional y para promover la salida negociada en conflictos militares entre otras naciones.
El acontecimiento central, la gran herida, de la soberanía argentina hasta el día de la fecha, comenzó con la ocupación ilegal en 1833 de las Malvinas por parte de Reino Unido. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur forman parte integrante del territorio nacional en virtud de los derechos heredados de España –uti possidetis juris- y de los actos de gobierno ejercidos por las Provincias Unidas. La Cuestión Malvinas no constituye un caso de libre determinación, sino una violación de la integridad territorial argentina, ya que una población introducida y controlada por la potencia ocupante no puede decidir la soberanía del territorio usurpado. Antes de la guerra, todos los gobiernos argentinos sin distinción ideológica habían reclamado ante el Reino Unido por una mesa de diálogo. Esto convirtió a Malvinas en una de las pocas políticas de Estado de larga duración de nuestro país, hecho que le permitió no solo presentar el reclamo ante la ONU sino obtener adhesiones desde América Latina, de países de la Unión Africana y de miembros permanentes del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas como Rusia y China.
La Argentina sostiene que la disputa debe resolverse mediante negociaciones bilaterales y pacíficas, conforme al derecho internacional y en el marco de las Naciones Unidas, a través de su Resolución 2065. De allí, que uno de los fundamentos centrales de una perspectiva de política exterior soberana implica sostener una continua campaña de malvinización de la sociedad para generar la fuerza necesaria para expulsar a la potencia extranjera que ocupa ilegalmente aproximadamente el 25% del territorio argentino y usufructuar las oportunidades económicas y geopolíticas de ese espacio para mejorar la vida de los argentinos. Y mientras tanto, que la ocupación le sea lo más costosa posible.
Si Malvinas es la causa fundamental de la soberanía territorial de la Argentina, el problema principal que atenta contra su soberanía económica es la deuda externa. Sobre todo, aquella que se utiliza para la valorización y especulación financiera y la consecuente creación de activos externos, por sobre la inversión para el desarrollo. Desde el empréstito de la Baring Brothers de 1824, al programa stand-by de 2018 con el Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares, el país carga con una larga historia de endeudamiento con entidades extranjeras.
La cuestión de la soberanía económica es más amplia y está ligada a las características de la inserción periférica de la Argentina en la economía internacional. Esa condición se expresa en la recurrencia de la restricción externa, en las dificultades para sostener niveles adecuados de inversión en infraestructura y en las limitaciones para desarrollar capacidades científicas, tecnológicas y productivas propias. Precisamente, cuando el endeudamiento no se orienta al desarrollo productivo, termina profundizando esas restricciones: compromete recursos futuros sin ampliar las capacidades que permitirían reducir la vulnerabilidad externa y fortalecer la autonomía económica del país.
América del Sur es un espacio dotado de importantes recursos naturales, aislado logísticamente de los centros de poder global con serias dificultades para consolidar un proceso de integración.
Los dos últimos puntos mencionados dan cuenta de las principales vulnerabilidades de la soberanía nacional, por lo que es básico encontrar aliados. En esa línea, otra de las dimensiones permanentes de la política exterior argentina es la integración regional, condición de posibilidad para mejorar márgenes de autonomía. América del Sur es un espacio dotado de importantes recursos naturales, aislado logísticamente de los centros de poder global con serias dificultades para consolidar un proceso de integración.
A pesar de que, a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, varios países lograron avances significativos, esas mejoras no alcanzaron para modificar de manera estructural la posición periférica de la región. América del Sur continúa atravesada por tres grandes trampas del desarrollo: una baja capacidad de crecimiento sostenido y de diversificación productiva; una desigualdad persistente, acompañada por escasa movilidad social y empleos de baja calidad; y capacidades estatales e institucionales insuficientes para sostener políticas de transformación de largo plazo.
Estos fenómenos se agudizan a la luz de relaciones internacionales históricamente asimétricas y de la forma en que potencias extra-regionales operan para dividir y subordinar a la región. A través de la combinación de todos estos factores internos y externos es que es posible entender por qué los progresos alcanzados, como los sociales, científicos, educativos y hasta productivos en algunos nichos, no se traducen en mayor autonomía económica o poder de decisión internacional.
El continentalismo sudamericano es el espacio de destino común de la Argentina: una región de paz estructural y pluralidad ideológica, con espíritu democrático y humanista, enormes vulnerabilidades compartidas, orígenes comunes y el principal destino de las exportaciones argentinas con valor agregado. La integración debe ser la columna vertebral de la política exterior, aprovechando las oportunidades de coincidencia ideológica para profundizarla, y sosteniendo la cooperación y los intereses comunes cuando las líneas políticas no coinciden.
La perspectiva regional debe sostenerse y priorizarse, también, desde la dimensión bilateral. Habiendo superado la etapa en la que Chile y Brasil eran nuestras principales hipótesis de conflicto, los vínculos con ambos países constituyen pilares trascendentales. La relación con Brasil es la relación bilateral más importante de la política exterior argentina. Desde la recuperación democrática y, especialmente, a partir del acercamiento iniciado en 1985, ambos países se transformaron en el núcleo de aglutinación estratégico de la región, sobre la base de la integración productiva y la cooperación nuclear y biotecnológica. Al mismo tiempo, Chile también debe considerarse como un aliado estratégico para proyectar una salida articulada hacia el Pacífico, fortalecer la integración física y energética y profundizar la cooperación conjunta en la Antártida, entendida no como un espacio de competencia entre vecinos, sino como una dimensión común de la soberanía y de la proyección sudamericana.
Al mismo tiempo, el país debe continuar defendiendo su identidad histórica internacional. Junto con los principios internacionales ya mencionados, la defensa de los derechos humanos ocupa también un lugar central y constituye una de las contribuciones más profundas y distintivas de la Argentina contemporánea. Surgida de la experiencia del terrorismo de Estado, de la lucha de los organismos de derechos humanos y de la respuesta democrática iniciada en 1983, esta tradición sostiene que la soberanía no puede ser invocada para justificar la persecución, la desaparición forzada, la tortura ni ninguna otra violación de los derechos fundamentales. La creación de la CONADEP, el Juicio a las Juntas, la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a la Constitución Nacional y el reconocimiento de jurisdicciones internacionales dieron forma a una concepción propia, asentada en los principios de memoria, verdad y justicia y en la responsabilidad estatal frente a los crímenes de lesa humanidad.
Vivimos en un mundo en plena reconfiguración. Las reglas y estructuras que definieron determinadas reglas de juego luego de la segunda guerra mundial están en discusión. En ese escenario, los alineamientos rígidos no parecen servir al interés nacional sino más bien a intereses sectoriales o más ideológicos. El auge de los Estados bregando por su interés nacional es transversal, desde el proteccionismo de Donald Trump hasta el socialismo con características chinas que defiende Xi Jinping; desde los nuevos y jóvenes líderes soberanistas de África hasta los pragmáticos líderes del Medio Oriente.
En ese contexto, la Argentina puede enmarcarse dentro de lo que fue una tradición política propia histórica: la de pensar el interés nacional en el marco de cooperación, diálogo e intercambios con otros pueblos y países del mundo. Haciendo uso de una praxis que le aleja de aquellos proyectos que entienden que su interés nacional debe ser “a costa de”, y sosteniendo una posición equidistante de las distintas potencias que organizan el mundo en función de esferas de influencia. El objetivo es ser un actor activo en la construcción de un multilateralismo para la paz y el desarrollo. De allí, que debe sostener relaciones diplomáticas y pragmáticas con todos los países y, a su vez, tener la capacidad de elegir a sus socios estratégicos en función de su interés nacional, evitando sobre todo que la vinculación con las grandes potencias implique alineamientos geopolíticos automáticos.
No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Conocer la Argentina, sus principios, su historia, es el primer paso para poder defender su soberanía. El segundo, es el deber nacional de tener una estrategia integral para aumentar los márgenes de acción y que las decisiones que se tomen sean en su beneficio. No alcanza con sostener principios, es clave articular intereses económicos y sociales, con una perspectiva pragmática y federal, para que las decisiones en materia de política exterior coincidan con lo que demanda la patria, y que se sostengan en el tiempo. La visión que articule el posicionamiento internacional del país debe ser de soberanía y desarrollo para el bien común.
Para que las decisiones y políticas que se lleven a cabo sean la praxis concreta de la identidad de una Argentina soberana, es fundamental tener un diagnóstico preciso de la etapa actual. Sobre todo, ante un escenario internacional atravesado por transformaciones profundas, disputas entre grandes potencias, debilitamiento de los mecanismos multilaterales y una creciente competencia por los recursos y las capacidades productivas. Vale la pena preguntarse, entonces, ¿Cómo hacer coincidir nuestra identidad e intereses nacionales en una coyuntura tan inestable y compleja como la que vivimos?
Entender dónde estamos
El contexto global actual no enfrenta una simple alteración coyuntural del equilibrio mundial, sino que asiste a la crisis del orden económico, financiero y geopolítico que durante décadas organizó las relaciones entre los Estados, los mercados y las regiones. El paradigma de la globalización neoliberal, que prometía que la apertura irrestricta, la desregulación, la reducción del Estado y la incorporación a las cadenas globales de valor producirían un proceso de crecimiento y modernización, ha mostrado sus límites. No funcionó como una escalera hacia el desarrollo, al menos no para los países de América Latina y el Caribe. Por el contrario, profundizó en muchos casos las desigualdades, consolidó asimetrías productivas y financieras y redujo los márgenes de decisión de los Estados periféricos.
En la actualidad, incluso las potencias que por décadas impulsaron la apertura comercial irrestricta y la reducción de la intervención del Estado en la economía, planifican políticas industriales activas, subsidian sectores estratégicos, protegen tecnologías críticas, reorganizan sus cadenas de suministro y orientan sus inversiones mediante criterios de seguridad nacional. Las principales potencias declaran de manera explícita que no se puede confiar exclusivamente en el mercado para organizar su desarrollo. Frente a la incertidumbre internacional, los países con margen buscan reducir vulnerabilidades, asegurar recursos estratégicos, controlar tecnologías, recuperar capacidades industriales y proteger sus mercados internos.
Asimismo, junto con el resurgimiento de las estrategias de desarrollo nacional, la región asiática y los países en vías de desarrollo, han afianzado un rol de mayor relevancia en el concierto de las naciones. Es decir, parte de la transformación del mundo implicó una relocalización de las capacidades económicas y productivas. Este es un fenómeno fundamental a la hora de pensar aliados y mercados. Las economías en desarrollo representan actualmente una proporción mucho mayor del producto mundial que a comienzos del siglo XXI. En términos regionales, destaca sobre todo Asia, que incrementó sustancialmente su participación en el comercio internacional y se consolidó como el principal espacio de expansión manufacturera, tecnológica y productiva. En ese marco, China constituye la expresión más visible de este desplazamiento. Su crecimiento no se limita al volumen de su economía o de sus exportaciones, sino que se encuentra asociado a una estrategia de desarrollo de largo plazo, a la construcción de infraestructura, al fortalecimiento de capacidades científico-tecnológicas y a una creciente presencia en sectores de alta complejidad.
Esta nueva configuración no implica la desaparición del poder estadounidense ni la pérdida absoluta de relevancia de Europa. Estados Unidos continúa siendo la potencia económica, financiera, militar, científica y tecnológica más importante. Sobre todo, cuando se la mira desde el sur del continente americano. Por su parte, la Unión Europea sigue representando uno de los principales mercados y espacios de regulación internacional. Sin embargo, el sistema mundial ya no puede interpretarse exclusivamente desde una perspectiva occidental y atlántica.
Estados Unidos conserva una influencia decisiva en el continente y ocupa un lugar central en la arquitectura financiera internacional, en los organismos de crédito, en los procesos de reestructuración de deuda y en los ámbitos donde se dirimen litigios que afectan directamente los intereses nacionales. Esta posición se combina con una vocación explícita de controlar y definir las dinámicas estratégicas del continente en función de sus intereses. En ese marco, resulta indispensable construir una relación bilateral estable y positiva, cuyo principal desafío está en intentar transformar esa gravitación en beneficios recíprocos, promoviendo inversiones, transferencia tecnológica, acceso al financiamiento y condiciones compatibles con el derecho de la Argentina al desarrollo.
China, por su parte, se ha consolidado como un socio económico, comercial y financiero de primer orden, pero la persistencia del déficit comercial argentino y los efectos que las importaciones tienen para la industria nacional, exigen avanzar hacia una relación más equilibrada. También, es fundamental considerar en la ecuación la relevancia política del respaldo recíproco en cuestiones centrales de soberanía e integridad territorial. La posición china sobre la cuestión de las Islas Malvinas y el reconocimiento argentino del principio de una sola China respecto de Taiwán, así como la posibilidad de acceder a financiamiento para proyectos estratégicos de infraestructura, energía, transporte y conectividad son elementos claves de la relación bilateral que hay que defender y profundizar.
La política exterior argentina debe reconocer la pluralidad de centros de poder, mercados, instituciones y fuentes de financiamiento que estructuran el escenario internacional contemporáneo. Desconocer el peso de Asia, de China, de los BRICS y de las economías emergentes no es una defensa de Occidente, sino una lectura anacrónica y errónea de la realidad mundial.
Más allá de los indicadores de cambios, hay otros fenómenos que se volvieron estructurales. Mientras Asia expandió su presencia económica y manufacturera, América Latina continuó perdiendo participación relativa en el comercio y en la producción mundial. La fragmentación política, las desigualdades estructurales, la debilidad de la infraestructura regional y la ausencia de mecanismos estables de coordinación limitaron las posibilidades de desarrollo de la región. La región no logró construir una respuesta común frente a las transformaciones de la economía internacional ni consolidar una estrategia compartida de desarrollo. En paralelo, se observa una creciente disputa geopolítica en la región, debido a la presencia de recursos naturales estratégicos y amplias extensiones de tierra codiciadas por los centros de poder mundial.
Sin embargo, el MERCOSUR continúa siendo estratégico para la Argentina. El intercambio dentro del bloque posee, en términos generales, una mayor participación de bienes industriales, valor agregado y pequeñas y medianas empresas que el comercio extrazona. Por eso, el MERCOSUR no debe ser evaluado solamente según su volumen comercial. Su relevancia se relaciona con el tipo de producción que promueve, con las capacidades industriales que permite sostener y con la posibilidad de construir posiciones comunes frente a terceros actores. Debilitarlo o reducirlo a una zona de libre comercio significaría renunciar a una de las pocas herramientas disponibles para mejorar la inserción argentina en la economía mundial y una mesa de diálogo para la integración regional constituida e institucionalizada.
El acuerdo UE-MERCOSUR viene a complicar este escenario: lejos de ser una oportunidad sin costos, expone a la Argentina y al bloque a una competencia desigual frente a una potencia más desarrollada en términos industriales y tecnológicos, con capacidad de inundar el mercado regional de manufacturas y reforzar el rol de la región como proveedora de materias primas. El desafío, entonces, no es solo aprovechar el acuerdo, sino evitar que profundice las asimetrías productivas que ya atraviesan la relación entre ambos bloques. Además, es fundamental aprovechar este marco para generar un nuevo esquema de discusión en términos de defensa de la región, trazabilidad compartida y negociaciones conjuntas.
Además, en un contexto internacional marcado por el aumento de la militarización, la expansión de los conflictos armados y una competencia creciente por recursos, territorios y posiciones estratégicas, la Argentina necesita discutir seriamente el fortalecimiento de sus capacidades de defensa. Siendo el octavo país más extenso del mundo, con una enorme proyección marítima y con una parte sustantiva de su territorio insular y marítimo bajo ocupación británica, resulta indispensable superar décadas de desmalvinización y pensar unas Fuerzas Armadas adecuadas a los desafíos del siglo XXI. Sobre todo, teniendo en cuenta que luego de la guerra de 1982 se redujo de manera progresiva y significativa el presupuesto destinado a la defensa nacional, deteriorando capacidades materiales, tecnológicas y operativas necesarias para el control y la protección del territorio.
La principal contradicción argentina es la diferencia entre la magnitud de sus recursos y espacios estratégicos y su capacidad efectiva para conocerlos, valorizarlos, controlarlos y transformarlos en poder económico, tecnológico y político.
La agenda global está atravesando un momento de profunda transformación. La paz, la innovación científico-tecnológica, los recursos naturales y el ambiente, son agendas centrales del contexto actual, y la Argentina dispone de antecedentes y capacidades instaladas suficientes como para ser parte de la discusión. La creciente centralidad de la seguridad alimentaria y energética vuelve a ofrecer al país la posibilidad de desempeñar un papel relevante a escala mundial. El punto está en que este proceso sea acompañado con políticas productivas e inversión en innovación. Sobre todo, teniendo en cuenta la trayectoria científico-tecnológica y el sistema educativo con relativa relevancia entre los países en desarrollo. Un ejemplo es el desarrollo nuclear, que puede constituirse en un instrumento de cooperación, exportación de tecnología y autonomía estratégica. Lo mismo con el sector salud o la biotecnología, por destacar algunos. También, su condición bicontinental y su posición sobre el Atlántico Sur, su proyección hacia la Antártida y la magnitud de sus espacios marítimos otorgan una relevancia geopolítica importante.
Frente a un mundo en transformación, la Argentina debe proyectar una estrategia de inserción internacional que parta de reconocer tanto sus limitaciones como sus capacidades y el lugar que va a ocupar en el siglo XXI. La principal contradicción argentina es la diferencia entre la magnitud de sus recursos y espacios estratégicos y su capacidad efectiva para conocerlos, valorizarlos, controlarlos y transformarlos en poder económico, tecnológico y político. El problema es que la gestión nacional que inició en 2023 no hizo más que profundizar la contradicción y desconocer la identidad argentina. Es urgente cambiar el rumbo.
Recuperar la iniciativa
“Para nosotros la soberanía es un discurso anticuado”, expresó el canciller Pablo Quirno en agosto de 2026. Resulta llamativo, pero la posición es coherente: la política exterior del gobierno de Javier Milei se caracteriza por una lectura colonialista, dogmática y anacrónica del sistema internacional. En lugar de analizar las transformaciones mundiales desde los intereses concretos de la Argentina, organiza los vínculos exteriores a partir de afinidades políticas, ideológicas y personales.
Estas decisiones hacen que la policrisis global se combine con la destrucción autoinfligida de las capacidades sociales, educativas, productivas, científicas y estatales de la Argentina, generando una bomba de tiempo. Hacer patria es todo lo contrario a un país con más hambre en la niñez, menos trabajo en las familias, menos producción en el empresariado, menos científicos en el país. La soberanía es condición necesaria para alcanzar el bien común.
En un mundo de estas características, una política exterior dedicada a reducir vulnerabilidades debería ampliar los márgenes de acción del país, diversificar sus relaciones, fortalecer sus capacidades nacionales y evitar compromisos automáticos que reduzcan su libertad de decisión. El actual gobierno nacional va en dirección contraria, dejando a la Argentina más expuesta.
Por ejemplo, si se considera la política de votaciones y actuación internacional del gobierno de Javier Milei, se observa una ruptura con la identidad histórica de la Argentina como país fundador de las Naciones Unidas, defensor del multilateralismo, la solución pacífica de controversias, la autodeterminación, la solidaridad latinoamericana y los derechos humanos, o como participante activo de las operaciones de paz. Esa ruptura se expresó, por nombrar algunas, en el rechazo a las resoluciones que exigían un alto el fuego en Gaza, en el voto solitario contra resoluciones sobre los derechos de los pueblos indígenas y la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, y en el voto, junto con Estados Unidos e Israel, contra la resolución de la Asamblea General que declaró la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada como “el crimen de lesa humanidad más grave”. En materia ambiental, el rechazo al Pacto para el Futuro y el retiro de la delegación argentina de la COP29 completaron un giro que sustituyó la participación constructiva en los organismos multilaterales y condenó a la Argentina a una posición de subordinación.
Esta ruptura ocurre, además, en momentos en que la gobernanza internacional atraviesa una de sus etapas de mayor debilidad. Los organismos multilaterales encuentran crecientes dificultades para ofrecer respuestas eficaces a los conflictos. Frente a esa crisis, la respuesta argentina no debería ser abandonar esos ámbitos ni debilitar las normas que históricamente protegieron a los países con menores capacidades relativas, sino intervenir activamente para defenderlas, reformarlas y fortalecerlas. Para un país como la Argentina, el multilateralismo es un instrumento concreto fundamental para limitar sus vulnerabilidades frente a las asimetrías de poder.
A todo esto, los desafíos de la Argentina y de la región en términos de patrón de inserción internacional son compartidos por otro conjunto de países que también enfrentan las vulnerabilidades de ubicarse en una posición periférica común dentro de la economía mundial: necesitan importar tecnologías, bienes de capital e insumos estratégicos, dependen en gran medida de la exportación de productos agropecuarios, agroindustriales, hidrocarburíferos y mineros para obtener divisas y, al mismo tiempo, deben financiar su desarrollo mediante créditos externos denominados en monedas que no controlan, con tasas que le son hostiles.
Frente a esta posición periférica compartida, Argentina debe profundizar la cooperación con los países que quieran dar la discusión del derecho al desarrollo, con el objetivo de construir posiciones comunes y ampliar su capacidad de negociación dentro de la economía mundial. Esta prioridad no implica descuidar el vínculo con los países desarrollados ni parcializar la política exterior hacia un único sector del sistema internacional. La relación activa con las principales potencias económicas, científicas y tecnológicas resulta indispensable para acceder a mercados, conocimientos, financiamiento e inversiones productivas. Por ello, la Argentina debe desplegar una política exterior diversificada de ejecución simultánea con los distintos centros de poder y regiones del mundo, preservando su identidad, sus intereses nacionales y aumentando sus márgenes de autonomía; hoy muy disminuidos.
Lo más grave fue la decisión del presidente de la Nación de dinamitar personalmente el vínculo más importante y estratégico de la política exterior argentina: la relación con Brasil. En lugar de preservar el diálogo institucional por encima de las diferencias partidarias, convirtió su enfrentamiento ideológico con el presidente Lula da Silva en una política de Estado: evitó durante más de dos años una reunión bilateral, intervino abiertamente en la política interna mediante su apoyo a la oposición bolsonarista y reiteró insultos públicos contra las máximas autoridades brasileñas. Esta conducta provocó el retiro del embajador brasileño en Buenos Aires y, en agosto de 2026, la reducción formal de la relación diplomática al nivel de encargados de negocios, en la crisis bilateral más grave desde la recuperación democrática. Con su irresponsabilidad, el Presidente debilitó la capacidad argentina de coordinar políticas regionales, defender intereses productivos comunes y construir autonomía frente a las grandes potencias.
El resultado es una Argentina más débil en un mundo más conflictivo; más dependiente en un sistema en el que las principales potencias procuran reducir sus dependencias; menos integrada a su región cuando la escala resulta cada vez más necesaria; con menor capacidad estatal cuando los recursos estratégicos, la tecnología y la producción nacional vuelven a ocupar el centro de las políticas nacionales; y más expuesta a relaciones asimétricas en momentos de creciente competencia entre las grandes potencias.
Superado este período de la historia argentina, la tarea inmediata será reconstruir una estrategia de inserción internacional que permita salir del aislamiento y recuperar previsibilidad, autonomía y capacidad de iniciativa. Esa proyección deberá apoyarse en la identidad del país, retomar la defensa activa del multilateralismo, el derecho internacional, la paz y la solución negociada de los conflictos, y colocar nuevamente al desarrollo en el centro de la agenda externa.
Simultáneamente, será necesario recomponer los vínculos con América Latina, fortalecer los procesos de integración regional y recuperar la coordinación con los países vecinos, así como ejecutar una acción exterior simultánea con los países desarrollados y un conjunto de países en vías de desarrollo claves. Todo ello deberá sostenerse en una articulación estrecha entre política interna y política exterior, de modo que las relaciones internacionales respondan a una estrategia nacional que se mantenga en el tiempo, con representación de los intereses económicos, sociales y federales de nuestro país, orientada a ampliar las capacidades del Estado, reducir vulnerabilidades y mejorar las condiciones de vida de la población.