por Agustín Podestá ¹ | 30 de Octubre de 2026

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La pregunta por el lugar de la religión en la política suele plantearse como una disputa por los límites: hasta dónde puede intervenir la Iglesia, qué corresponde a los gobiernos y qué debería permanecer en la conciencia individual. El magisterio de Francisco permite desplazar esa discusión hacia dónde puede aportar la fe a una vida común atravesada por la desigualdad, la fragmentación y la dificultad para reconocer al otro como alguien cuya dignidad nos compromete.

Su legado invita a recuperar la política como servicio al bien común. En tiempos en que resulta más sencillo desacreditarla que renovarla, Francisco insistió en su necesidad y en su nobleza. La crítica a sus degradaciones estuvo acompañada por una defensa de su capacidad para transformar estructuras injustas. Allí adquiere actualidad la Doctrina Social de la Iglesia: una tradición viva que ofrece criterios para discernir la realidad y asumir responsabilidades frente al sufrimiento de los pueblos.

Volver a esa tradición exige algo más que citar documentos. Supone preguntarnos cómo comprendemos el poder, desde dónde evaluamos las decisiones económicas y qué lugar concedemos a quienes quedan fuera de las oportunidades. Francisco actualizó estas preguntas desde la convicción evangélica de que la dignidad humana no puede quedar subordinada a la rentabilidad, a la conveniencia electoral ni a la pertenencia ideológica. Continuar su legado implica poner esa convicción a trabajar en nuestras instituciones y prácticas políticas.

La fe y la responsabilidad por la vida común

La dimensión social pertenece al corazón del anuncio cristiano. En Evangelii gaudium, Francisco recuerda que la confesión de fe tiene consecuencias para la vida compartida y para nuestro compromiso con los demás (EG 177-180). La relación con Dios alcanza el modo en que trabajamos, distribuimos los bienes, organizamos la convivencia y respondemos a las heridas de la sociedad. Una espiritualidad indiferente a esas dimensiones termina separando la experiencia religiosa de la existencia concreta.

Desde esta perspectiva, el compromiso social de la Iglesia surge de su fidelidad al Evangelio. El encuentro con Cristo conduce al encuentro con quienes sufren, y ese encuentro plantea preguntas sobre las condiciones que producen sufrimiento. La ayuda inmediata es indispensable, pero resulta insuficiente cuando se desentiende de las causas de la exclusión. La caridad adquiere una dimensión política cuando busca que las instituciones garanticen aquello que la buena voluntad individual no puede asegurar por sí sola.

Esta relación exige distinguir responsabilidades. La fe no proporciona automáticamente un programa de gobierno ni convierte una opción partidaria en expresión exclusiva del cristianismo. Los creyentes deben deliberar con otros, justificar sus propuestas y reconocer la legítima diversidad de decisiones políticas. La autonomía de ese discernimiento reclama formación, conocimiento de los problemas y disposición a revisar las propias respuestas. Invocar el Evangelio no exime de estudiar las consecuencias de una medida ni de rendir cuentas por sus resultados.

También es necesario evitar la utilización religiosa de la política. Una comunidad creyente no puede medir la fidelidad de sus miembros por su adhesión a un dirigente ni aceptar que los símbolos de la fe legitimen cualquier decisión. La pertenencia eclesial exige un discernimiento que alcance a todos los sectores. Su criterio debe conservar la capacidad de cuestionar nuestros propios intereses, especialmente cuando su defensa se realiza a costa de la vida de otros.

La contribución de la Iglesia a la vida pública puede comprenderse, entonces, como una presencia capaz de suscitar preguntas, acompañar procesos y denunciar aquello que vulnera la dignidad humana. Esa presencia pierde credibilidad cuando busca privilegios o se identifica sin reservas con un poder. La recupera cuando permanece cerca de quienes padecen injusticias, incluso si esa cercanía incomoda a sectores que se consideran sus aliados. La libertad evangélica exige también libertad frente a las conveniencias políticas.

Una tradición que se renueva desde los pobres

Francisco se inscribe en la Doctrina Social de la Iglesia y acentúa una manera de leerla desde la experiencia de los excluidos. Los principios adquieren densidad cuando se confrontan con vidas concretas. Hablar de dignidad obliga a mirar a quien no encuentra trabajo; pensar el bien común reclama escuchar al barrio sin servicios; defender la solidaridad exige preguntarse quién sostiene los costos de las decisiones colectivas. La realidad interpela nuestras formulaciones y permite reconocer sus límites.

Por eso, la opción por los pobres ocupa un lugar decisivo. Francisco la presenta como una categoría teológica antes que sociológica o política y afirma que los pobres tienen mucho que enseñar a la Iglesia (EG 198). Esta convicción modifica la relación con ellos: sus experiencias, saberes y aspiraciones deben participar en la comprensión de los problemas. Una política que habla constantemente de los pobres sin escucharlos puede reproducir la distancia que afirma querer superar.

La escucha tiene consecuencias prácticas. Si las personas afectadas participan desde el comienzo, pueden señalar necesidades que una planificación distante no advierte, anticipar dificultades y contribuir a evaluar los resultados. Esa participación demanda tiempo y condiciones que permitan expresarse sin temor. También obliga a quienes conducen a compartir información y aceptar preguntas. El protagonismo popular pierde consistencia cuando se limita a acompañar decisiones ya tomadas o a confirmar públicamente la voluntad de quienes gobiernan.

Aquí resulta fecunda la teología del pueblo, una de las claves para comprender su pensamiento. La atención a la cultura, la religiosidad popular y la memoria comunitaria permite reconocer capacidades que suelen quedar invisibilizadas por miradas exclusivamente técnicas. En las periferias existen redes de cuidado, formas de organización y experiencias de solidaridad que sostienen la vida. Reconocerlas supone valorar a las personas como sujetos de su historia y abrir espacios para que intervengan en las decisiones.

Esta perspectiva evita idealizar la pobreza. Las privaciones dañan la vida y deben ser combatidas. Lo que se reconoce es la dignidad de quienes las padecen y su capacidad para construir respuestas. La renovación política requiere transformar la asistencia en oportunidades de participación, trabajo y ejercicio efectivo de derechos. También exige revisar las prácticas que convierten la necesidad en dependencia o utilizan a las comunidades como recursos electorales. Escuchar al pueblo implica aceptar su palabra y su protagonismo.

Recuperar el sentido de la política

Fratelli tutti desarrolla esta propuesta al presentar la fraternidad y la amistad social como horizontes de la convivencia. Francisco reivindica una política orientada al bien común, capaz de integrar a todos y de atender especialmente a los últimos. Su valor se juega en la posibilidad de organizar respuestas duraderas a problemas compartidos. La acción política necesita recuperar esa vocación cuando queda reducida a administrar intereses, preservar posiciones de poder o producir adhesiones inmediatas.

Comprenderla como una forma de caridad social permite ampliar la mirada. El amor al prójimo se expresa en el acompañamiento personal, pero también en decisiones que vuelven más justas las condiciones de vida. Una institución que garantiza atención, una política que promueve trabajo digno o una comunidad que organiza el acceso a bienes básicos pueden expresar esa responsabilidad. La dimensión institucional del cuidado muestra por qué el compromiso cristiano necesita interesarse por las estructuras de la sociedad.

Esto requiere capacidades y criterios de evaluación. La buena intención no basta para transformar la realidad. Una política al servicio de la dignidad debe preguntarse si sus medidas reducen efectivamente la exclusión, fortalecen la participación y mejoran la vida de quienes están en mayor desventaja. La Doctrina Social ofrece una orientación para esas preguntas, que deben confrontarse con el conocimiento de las ciencias y con la experiencia de las comunidades. El discernimiento reclama convicciones y aprendizaje.

Francisco cuestiona, además, la subordinación de la política a la economía. Cuando el beneficio se convierte en criterio supremo, las personas terminan valoradas por su productividad o su capacidad de consumo. Recuperar la responsabilidad política significa discutir los fines de la actividad económica y someter sus resultados a una pregunta por la justicia. El desarrollo necesita ser reconocido en la vida de los pueblos: en sus posibilidades de trabajar, habitar dignamente, educarse y sostener vínculos comunitarios.

La exigencia ética alcanza asimismo el ejercicio cotidiano de la autoridad. Cuidar los recursos comunes, transparentar las decisiones y asumir responsabilidades por los errores forma parte del servicio político. La cercanía con la gente no reemplaza estas obligaciones; debe reforzarlas. Una conducción que se presenta como representante del pueblo necesita aceptar controles y reconocer límites. De otro modo, la apelación a una causa justa puede terminar encubriendo prácticas que deterioran las instituciones y debilitan la confianza social.

La mirada de largo plazo resulta igualmente necesaria. Los procesos de inclusión, educación y cuidado ambiental desbordan los calendarios electorales. Requieren acuerdos que puedan sostenerse y corregirse sin quedar sujetos a la conveniencia de cada gestión. La propuesta de Francisco invita a valorar a quienes inician procesos cuyos frutos quizá no les corresponda recoger. Esa disposición expresa una comprensión del poder como responsabilidad recibida y transitoria, orientada hacia una vida común que continúa más allá de sus dirigentes.

La casa común como responsabilidad política

Laudato si’ amplía este horizonte mediante la ecología integral. La degradación ambiental y la injusticia social se encuentran vinculadas: las condiciones del territorio afectan la salud, el trabajo, la vivienda y las posibilidades de las comunidades. Francisco propone comprenderlas como dimensiones de una misma crisis socioambiental (LS 139). De allí que las respuestas deban atender simultáneamente al cuidado de la naturaleza y a las condiciones de vida de las personas, especialmente de las más vulnerables.

Esta mirada tiene consecuencias para la política. Una decisión sobre producción, energía, transporte o uso del suelo distribuye beneficios y costos entre grupos sociales y generaciones. La discusión necesita incorporar a quienes viven en los territorios afectados y considerar efectos que suelen permanecer fuera de los balances inmediatos. La ecología integral pide ensanchar el horizonte de la responsabilidad, incluyendo a quienes tienen menos capacidad para hacerse escuchar y a quienes todavía no pueden participar de las decisiones.

También interpela la confianza en que toda dificultad puede resolverse mediante un recurso técnico. La técnica ofrece posibilidades indispensables, pero las decisiones sobre sus usos involucran valores, intereses y concepciones del desarrollo. Preguntar para qué producimos, cuánto consumimos y qué formas de vida promovemos pertenece a la deliberación pública. La política conserva la tarea irrenunciable de orientar las capacidades disponibles hacia fines compartidos y establecer límites cuando una actividad amenaza la dignidad o destruye las condiciones de la vida.

La conversión ecológica propuesta por Francisco alcanza los hábitos personales y las estructuras. La sobriedad, la educación y el cuidado cotidiano necesitan acompañarse de decisiones institucionales que hagan posibles otras prácticas. No todas las personas cuentan con los mismos recursos para modificar sus condiciones de vida. Por eso, la responsabilidad ambiental debe considerar las desigualdades y evitar que el peso de las transformaciones recaiga sobre quienes ya sufren exclusión. El cuidado de la casa común exige justicia.

La fraternidad frente a la lógica del enemigo

La renovación política también depende del modo en que nos vinculamos con quienes piensan distinto. La polarización se vuelve destructiva cuando transforma al adversario en alguien cuya palabra carece de valor y cuya presencia debería ser eliminada del espacio común. La amistad social propone reconocer una pertenencia compartida que permite tramitar diferencias. La dignidad del otro permanece incluso cuando sus posiciones nos resultan equivocadas. Sin ese reconocimiento, la discusión pública se convierte en una disputa sin límites.

La cultura del encuentro requiere escuchar, argumentar y construir acuerdos. Esto no supone desconocer las asimetrías de poder ni pedir a quienes padecen injusticias que renuncien a sus reclamos. El conflicto puede revelar derechos vulnerados y abrir posibilidades de transformación. La fraternidad exige abordarlo sin deshumanizar a las personas y buscando condiciones de justicia que permitan una convivencia más digna. Un acuerdo que silencia el sufrimiento conserva las causas de la división que pretende superar.

Desde esta perspectiva, el diálogo necesita espacios, hábitos y mediaciones. Las instituciones educativas, las organizaciones comunitarias y las comunidades religiosas pueden contribuir a formar personas capaces de escuchar experiencias distintas de las propias. También pueden ayudar a recuperar la memoria de los procesos sociales y a reconocer responsabilidades. La amistad social se aprende en prácticas concretas: compartir tareas, sostener compromisos, aceptar correcciones y descubrir que algunos problemas requieren la cooperación de quienes mantienen diferencias importantes.

La sinodalidad ofrece una contribución desde la experiencia eclesial. Una Iglesia que aprende a escuchar y discernir comunitariamente puede aportar a una cultura de participación. Esa contribución exige coherencia interna: la palabra sobre fraternidad debe expresarse en formas de autoridad, procedimientos y relaciones que reconozcan a los demás. La renovación de la Iglesia y su servicio a la sociedad se encuentran aquí vinculados. La credibilidad de su propuesta depende también de cómo vive aquello que anuncia.

Recibir un legado y asumir una tarea

El fundamento cristiano de este compromiso aparece con claridad en la Encíclica Dilexit nos, verdadero testamento espiritual de Francisco. Allí vincula lo desarrollado en Laudato si’ y Fratelli tutti con el encuentro con el amor de Jesucristo, del que nacen la fraternidad, el reconocimiento de la dignidad y el cuidado de la casa común (DN 217). Esta relación permite comprender la unidad de su magisterio. La espiritualidad alimenta la responsabilidad histórica y sostiene la perseverancia necesaria para acompañar procesos que suelen ser lentos y conflictivos.

Esa raíz creyente puede ofrecerse en una sociedad plural como una motivación para colaborar con otros. La construcción del bien común reúne a personas con convicciones religiosas y filosóficas diversas. Los cristianos participan desde su identidad, dispuestos a compartir razones y aprender de experiencias que no controlan. La fidelidad a la propia fe puede fortalecer esa apertura cuando impulsa a reconocer la dignidad de todos y a buscar respuestas comunes frente al dolor y la injusticia.

La recepción de Francisco también reclama una lectura que resista las apropiaciones selectivas. Es posible celebrar sus gestos de cercanía y desatender su crítica a la exclusión, o invocar su pensamiento social sin asumir las exigencias evangélicas que lo sostienen. Leer sus documentos en relación permite reconocer una propuesta coherente y exigente. Esa lectura ayuda a revisar nuestras prioridades y evita convertir su figura en una referencia prestigiosa que confirma lo que ya pensábamos sin transformar nuestra manera de actuar.

Volver a la Doctrina Social de la Iglesia requiere, por eso, una tarea formativa y comunitaria. Las universidades, los espacios pastorales y las organizaciones sociales pueden convertir sus principios en preguntas sobre problemas concretos, promover conversaciones entre actores distintos y acompañar a quienes asumen responsabilidades públicas. La formación necesita integrar lectura, escucha y experiencia. Así podrá ofrecer criterios para decidir y revisar prácticas, sin quedar encerrada en una repetición de conceptos que apenas modifica la realidad.

El legado de Francisco permanece abierto como una responsabilidad. Honrarlo significa dejarnos interpelar por los pobres, discutir los fines de la economía y cultivar instituciones capaces de cuidar la vida. La renovación política comienza cuando recuperamos la pregunta por aquellos que nuestras decisiones dejan afuera y aceptamos que su dignidad nos obliga. La Doctrina Social de la Iglesia puede ayudarnos a sostener esa pregunta y a traducirla en un compromiso perseverante con la justicia y el bien común.

1. Mg. en Teología. 
   Director del Departamento de Teología de la Universidad del Salvador. 
   Misionero digital @hablemosdeteologia
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